En la segunda audiencia donde no se le permitió la entrada a la prensa, la parte demandante contó con dos abogados, mientras que los demandados le asistieron siete.
Provincia la Altagracia, Higüey. – El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia decidió archivar el expediente del caso sobre la imputación en contra del empresario Frank Rainieri Marranzini, interpuesta por Josué Cabral Rodríguez, propietario de los terrenos usados hace 15 años en operaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC).
La decisión fue tomada este jueves 8 de julio por la magistrada Sindy Rosario, jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; con la objeción No. 187-1-2021-EPEN-00047 donde se imputa a la Corporación Aeroportuaria del Este y GRUPO PUNTACANA s.a. correspondientes al Artículo 405 y 406 del Codigo Procesal Dominicano.
A seguidas, los abogados de la defensa que representan a Cabral, entre los que figuran Surum Hernández y Pedro Rojo Pache, manifestaron que evidentemente, no están de acuerdo con el fallo de la magistrada, porque consideran que no tomó en cuenta elementos que demostraron que estaba en presencia de un ilícito, de un abuso, de despojo de la propiedad del señor Josué Cabral Rodríguez.
Asimismo, Hernández, adujo que: “Evidentemente, no estamos de acuerdo con el fallo de la magistrada, consideramos que no tomó en cuenta elementos que demostraron que estamos en presencia de un ilícito, de un abuso, de despojo de la propiedad del señor Josué Cabral”.
Sobre si apelarán a la decisión Hernández manifestó que: “Claro que vamos a recurrir la decisión por ante la corte de apelación, esta lucha va hasta el final y estamos conscientes de que es con poder que estamos luchando, y no tenemos ningún tipo de inconvenientes. El fiscal actúa con base a ese poder y lo que nos resta es aferrarnos a pruebas y al derecho y la Constitución dominicana”.
La apelación se depositará en la Corte de San Pedro de Macorís con el propósito de que se haga justicia en el caso de Cabral, adelantó su abogado defensor, para la recuperación de la parcela 65-B que está ocupada como pista de aterrizaje por el referido aeropuerto.
Cabral no se rendirá
De su lado, Josué Cabral Rodríguez, propietario de los terrenos que son usados por GRUPO PUNTACANA como parte del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) expresó que hace mucho tiempo lucha por la recuperación de los mismos, “mis terrenos los que están ocupando de manera injusta, hicimos un acuerdo el cual no cumplieron y he venido a la justicia para que se aclare e investigue, interrogue y analice las cosas que han estado sucediendo”.
“El GRUPO PUNTACANA y Frank Rainieri Marranzini quien preside, fue quien firmó el acuerdo y la firma de su esposa”, exclamó el querellante.
Sobre el compromiso y la fiabilidad del proceso judicial desde este Tribunal de la Altagracia aseguró que: “Este ambiente es preciso, la atmósfera adecuada, hablar aquí ahora de la justicia es comerse una fruta deliciosa, antes era comerse un limón agrio. Ahora se puede hablar con libertad, se puede expresar e ir a los estamentos y te abren la puerta”.
Sin embargo, agregó que: “Todos los abogados están protestando porque hay problemas en el tribunal de tierras para administrar justicia”.
“Todo lo estamos haciendo de la manera precisa, constitucional e institucional, claro que creo en la justicia altagraciana, lo que no creo es en persona que usan su poder e influencia económica para torcer la justicia, compran y pagan, y, bloquean voluntades y tuercen derechos que les corresponden a las personas que de manera legal tienen sus derechos debidamente registrados”, explicó el dueño de los terrenos.
Cabral Rodríguez admitió que tiene 15 años de haber contraído el acuerdo con la familia Rainieri, “tengo el título de propiedad, una certificación de estado jurídico de inmueble, el plano catastral que es todo lo que ampara todos los derechos en una propiedad y que se registran”.
Refiriéndose a GRUPO PUNTACANA y si desea el pago económico o la devolución del inmueble, sostuvo que: “La que mejor sea posible. Pero si ellos lo pueden pagar… yo siempre he estado de acuerdo y a ellos los he llamado muchas veces, porque yo lo posicioné en esa tierra por medio de un acuerdo de permuta y dice ese contrato que si no se cumplía en 60 días, quedaba nulo con pleno derecho sin intervención judicial”.
En ese orden, el propietario mostró que posee una orden del abogado de Estado, fechada en el 2015, “dándole 15 días de plazo fatal donde si ellos no entregan la propiedad o no pagan el precio justo de su valor, en 15 días le mandarán la fuerza pública para que desalojen”, pero dijo que nunca se cumplió.
Respecto al valor del inmueble el supuesto agraviado dijo que según el Artículo 51 de la Constitución de la República, se debe pagar su precio justo, “no es el que yo elija y el Gobierno ha dado licencia especializada a los tasadores que son los encargados y auxiliares oficiales del Estado para dar una valoración justa y adecuada de la propiedad”.
De igual manera, se refirió al expediente de su documentación personal y aclaró que: “Si estos documentos no son válidos aquí no hay nada que sirva concerniente a la ley. ¿Para qué están los diputados, los senadores, que hacen la ley? En 15 años no se me ha acercado nadie, ni un síndico ni un diputado ni el gobernador de este pueblo”.
En la audiencia de este jueves 8, no se permitió el acceso a la prensa, situación que mermó los ánimos de transparencia e igualdad en la parte querellante.
¿Qué pasó el 20 de mayo en el juzgado?
Recordar que el pasado jueves 20 de mayo el mismo tribunal aplazó para este jueves 8 la primera audiencia, en las instalaciones de la Cámara Penal del Distrito Judicial de La Altagracia; donde Josué Cabral reiteró su intención de que se le devuelvan los terrenos o les paguen la suma de 150 millones de dólares por valor del inmueble.
El proceso judicial depositado como querellamiento por estafa por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia; Copia del Acuerdo Transacional de Permuta de fecha Diecisiete (17) del mes de marzo del año 2006 firmado por Josué Cabral Rodríguez, Reyna Cedeño y Frank R. Rainieri Marranzini.
